Ante la penosa situación vivida por miles de usuarios del sistema eléctrico en los últimos días creemos fundamental fijar nuestra posición ante el tema, que luego desarrollaremos más profundamente.

Es de nuestro total convencimiento que el sistema basado en las privatizaciones de la generación y distribución de energía ha fracasado estrepitosamente, lo cual era completamente previsible.

Siguiendo con los lineamientos del pensamiento nacional, los servicios públicos deben pertenecer siempre al Estado, pues estos deben tener en mira un fin social y no el mero fin de lucro privado, línea que fue fielmente plasmada en el Art. 40 de la revolucionaria Constitución Nacional de 1949 que nunca debemos olvidar.

Es por esto que creemos firmemente en la incompatibilidad existente entre privados y servicio público, ya que entre beneficio social y rentabilidad, el privado tiene el deber de tomar las decisiones que mejores dividendos reporten a sus accionistas. Dicho en otras palabras y con un ejemplo simple, entre la opción de invertir para aumentar el alcance de la red de servicios domiciliarios a habitantes de zonas con poca densidad de población y con una perspectiva de recuperación de dicha inversión de al menos 30 años, el privado siempre elegirá no hacerlo, mientras que el Estado tiene del DEBER de tener en miras el bienestar de la población por sobre la tasa de retorno de sus inversiones.

Entonces, si contamos con la presencia de privados en la generación/distribución de energía (una actividad subsidiada por el Estado) y el fin de las empresas privadas es reportar ganancias para sus accionistas (fin de lucro), llegamos a la conclusión de que los subsidios a las privatizadas se traducen en el subsidio estatal del lucro privado.

En consonancia con lo anterior, estamos convencidos de que estas empresas deben volver a manos del Estado, quién podrá reinvertir los recursos propios de la actividad, sumados a los actuales subsidios, en el mantenimiento adecuado y la ampliación de las capacidades instaladas sin perder recursos en el financiamiento del lucro de privados. Estos privados nunca cumplieron con las inversiones comprometidas ni jamás demostraron tener la responsabilidad que debe tener alguien a cargo de algo tan crítico para la población como los servicios públicos.

La gran deuda de estas empresas es con el pueblo argentino. Por ello y lo anteriormente expuesto, es nuestro deber recuperarlas y ponerlas al servicio de los más de 40 millones de compatriotas.

¡VAMOS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE PERTENECEN AL PUEBLO!